Una sigilosa diligencia se realizó en el Cementerio General. Apenas unos pocos testigos comprobaron que el cuerpo del ex Presidente seguía allí. El juez Alejandro Madrid verificó su estado y ubicación. Fue el paso previo al retiro del cadáver para determinar si el ex Mandatario fue envenenado en 1982.
La Nación
Jorge Molina Sanhueza Periodista. |
Los últimos días de 2004 pasaban para los chilenos con las tradicionales preocupaciones de fin de año, mientras un grupo de hombres se desplazaba en un auto de la Policía de Investigaciones hacia el Cementerio General, para realizar una diligencia histórica en los anales judiciales y políticos del país.
El ministro en visita Alejandro Madrid -que sustancia la causa por la misteriosa muerte del ex Presidente Eduardo Frei- era uno de los ocupantes del vehículo, junto a su detective de confianza Nelson Jofré, su actuario y peritos.
No estaban tranquilos. Una duda crecía a medida que se acercaban al camposanto. La incertidumbre, en todo caso, se despejaría pronto, porque realizarían una diligencia que había sido preparada con extrema reserva por el magistrado y la familia Frei.
Cuando Madrid llegó hasta el patio 6, lo esperaban un par de panteoneros que ayudarían a aclarar la pregunta que hacía días rondaba en el proceso: ¿Estaba el cuerpo de Eduardo Frei Montalva en su tumba, habiendo transcurrido ya 22 años desde su extraño deceso en la clínica Santa María?
Pronto se procedió a cumplir con la resolución que obra en la causa: abrir la tumba del ex Mandatario y fijar planimétricamente las características del lugar y del cuerpo, y hacer varias fotografías.
Madrid bajó los veinte escalones que permiten el ingreso al mausoleo familiar para observar el procedimiento. Se abrió el ataúd sellado y se confirmó que el cuerpo estaba en su lugar. Un respiro de tranquilidad corrió entre los presentes.
La decisión de Madrid no era arbitraria. Se basaba en lo que ordena el actual Código de Procedimiento Penal, en el Título Segundo que habla de “la comprobación del delito en casos especiales”, entre los artículos 121 al 137. Y este último, entrega las pistas del por qué Madrid decretó esta diligencia: “Si el cadáver ha sido sepultado antes del examen pericial, y las circunstancias permitieren creer que la autopsia puede practicarse útilmente y sin peligro para la salud de los que deben ejecutarla, el juez dará aviso al administrador del cementerio de que procederá a la exhumación, indicándole el día y hora en que se la va a practicar. Trasladándose en seguida a ese establecimiento, acompañado de uno o más facultativos, averiguará el sitio donde fue sepultado el cadáver, lo hará exhumar y lo identificará en la forma dispuesta por el artículo 122, siendo ello posible, o con el testimonio de las personas que lo inhumaron o de otras que puedan reconocer al difunto. Practicadas estas diligencias, de que se pondrá testimonio en autos, y ejecutada la operación pericial, el cadáver será nuevamente sepultado”, señala el mencionado artículo del Código de Procedimiento Penal.
Pero no se trató de una exhumación -por así decirlo- tradicional, ya que al cuerpo de Frei no se le practicó una nueva autopsia, sino que sólo se verificó su estado, ubicación e identificación y, luego, fue devuelto a su sitio original. El próximo paso será sacarlo de su tumba por segunda vez y que un grupo de especialistas determinen si el principal opositor de la dictadura fue envenenado en 1982.
Los análisis podrían llevarse a cabo fuera de Chile debido a la necesidad de usar tecnología de punta, para definir el tipo de veneno supuestamente usado. Hasta ahora se han mencionado tanto peritos del FBI como de laboratorios internacionales especializados en esta tipo de situaciones.
Esta historia fue reconstruida por LND consultando a varias fuentes vinculadas al caso, quienes pidieron reserva de su identidad. Este medio también contactó a Álvaro Varela, el abogado de la familia Frei, quien se excusó de emitir algún comentario, aduciendo que debía guardar celoso secreto de una causa que está bajo sumario y en conocimiento de un ministro en visita.
Para esta diligencia, el magistrado acumuló diversas evidencias que le hicieron sospechar de que la muerte de Frei pudo tratarse de una operación de inteligencia fraguada para sacarlo de la escena política. En 1982, Frei se alzaba como el personaje más influyente de la oposición a Pinochet.
La primera de estas pruebas fue el hallazgo, a fines del 2002, del informe de una desconocida autopsia -rolada 9/82-, olvidado durante más de 20 años en el Departamento de Anatomía Patológica del hospital clínico de la Universidad Católica. Un cercano a la familia Frei dio el aviso y el documento -firmado por el doctor Helmar Rosenberg- fue entregado al ministro Madrid. El magistrado ordenó a la policía incautar todo lo relativo a la muerte del ex Mandatario que hubiera en esas dependencias.
Pero seguiría una cascada de sorpresas. El documento de dos páginas y otros análisis relativos a toxicología y revisión de distintos órganos estaban mecanografiados en máquinas de escribir distintas. Y uno de ellos había sido hecho en una impresora de punto, y en 1982 el hospital de la UC no contaba con esa tecnología.
El ministro interrogó a los médicos que realizaron la autopsia y embalsamadores del cadáver del ex Presidente: Helmar Rosenberg y Sergio González, quienes aún trabajan en la UC. Y así surgió una nueva situación altamente irregular: el informe 9/82 había sido agregado diez años más tarde al legajo médico sobre la muerte de Eduardo Frei Montalva.
Los testimonios de los dos médicos indicaban al entonces jefe de Patología de la UC, doctor Roberto Barahona (hoy fallecido) como el responsable de haber dado la orden de hacer la autopsia a Frei.
Sin embargo, la duda continuó. Rosenberg declaró que Barahona estaba interesado en hacer un estudio morfológico de los restos del ex Mandatario, “le inquietaban las posibles secuelas de una tuberculosis que habría sufrido Eduardo Frei en su juventud”, dijo a la detective Palmira Mella.“Días después de realizar el estudio microscópico de las muestras, incluyendo la microscopía electrónica el 10 y 17 de marzo de 1982, y de efectuar un análisis de las alteraciones morfológicas encontradas, confeccioné un protocolo manuscrito de todo lo encontrado. El examen de la microscopía electrónica 82-41 (riñón) y 43 (hígado) no aportó datos de utilidad para la interpretación de los hallazgos, por lo que no figura en el protocolo”, agregó Rosenberg. La policía seguía incrédula. Por eso ubicaron a la secretaria que transcribía los informes, hasta que dieron con Carmen Victoria Barahona Solar, hija del jefe de la unidad antes mencionado. “Respecto al procedimiento de cómo se confeccionan los Protocolos de Autopsias, debo señalar que éstos, una vez que el médico realiza su autopsia, se utilizaba el método del dictáfono, en donde se grababa en un microcasete todo el procedimiento y, luego, se me entregaba la cinta para mecanografiarla. Esto se hacía generalmente al día siguiente. La parte histológica, que corresponde a las muestras de vísceras que se insertan en las placas de vidrio para un posterior análisis, la que quedaba pendiente, por lo que se mecanografiaba una vez que estuvieran listos los resultados y se agregaba al informe, el que una vez terminado era entregado al médico que lo había solicitado para su firma, y después se archivaba hasta que se juntaban cien informes para enviarlos a empastar. En ese tiempo, yo misma me encargaba de enviar a empastar cada uno de los tomos, con las respectivas autopsias, las que eran en orden correlativo por cada año; cada tomo contiene un total de cien autopsias, por lo tanto, era la encargada de insistir a los médicos de los protocolos de autopsias que faltaban. Era la encargada de rescatar los informes restantes, por ejemplo, estudios de cerebro que lo hacían distintos neurólogos”, relató la hija de Barahona. La descripción de la mujer era hasta ese momento, sólo informativa de los procedimientos administrativos de la UC. Sin embargo, el semblante y los dichos de la secretaria cambiaron cuando los detectives le exhibieron el documento 9/82.
“Con respecto al informe de autopsia N° 9/82, que corresponde a don Eduardo Frei, no lo reconozco como los informes que yo mecanografiaba, ya que no corresponde el tipo de escritura de la máquina que yo usaba y tampoco el tamaño del papel utilizado, ya que en ese entonces, como era lo acostumbrado, utilizaba el papel tamaño oficio. Al revisar el informe de la autopsia N° 9 del señor Frei, me percato que su letra corresponde a la de una impresora, presuntamente realizada por un computador. Pero en 1982 no existía en el Departamento un computador, lo que queda en evidencia en los demás informes de autopsias del citado tomo, que los confeccionábamos en máquina de escribir eléctrica”, agregó la misma mujer.
Madrid decretó una serie de diligencias para establecer la antigüedad del papel, pero en el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones (Lacrim) no lograron establecer la data exacta del documento.
La habitual calma intelectual de Madrid se vio alterada. Descubrir que la autopsia podía ser falsa le daba nuevos indicios que se sumaban a: las extrañas peticiones hechas desde el Bacteriológico (hoy Instituto de Salud Pública) de toxina botulínica a Brasil; la muerte -en diciembre de 1981- de reos comunes e intoxicación de miristas en la Cárcel Pública, y al descubrimiento del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, ubicado en Carmen 339, dependencias que hoy albergan al Archivo Judicial. Un secreto de Estado guardado en muy pocas bocas.
Pero había más. Los cruces judiciales apuntaban al caso Letelier y su vínculo con el químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, proceso que también sustancia Madrid. Fue así como trajo a la vista el expediente por la muerte del cabo de Carabineros Manuel Jesús Leyton, también miembro de la DINA.
El deceso de este uniformado está relacionado con la desaparición de Daniel Palma Robledo, un militante comunista, quien fue detenido el 4 de agosto de 1976 y a quien Leyton le robó su renoleta celeste.
Pasó poco más de un año, cuando el 21 de marzo de 1977 el ciudadano francés Marcel Duhalde conducía otra renoleta por el centro de Santiago, similar a la robada por la DINA. Fue abordado y secuestrado por civiles, quienes le maniataron y abandonaron en el Cajón del Maipo.
Duhalde dio aviso a Carabineros, que ubicaron el automóvil y detuvieron a Manuel Jesús Leyton, Heriberto Acevedo y al hermano del primero, Julio Leyton, en cuya casa estaba la renoleta de Palma Robledo. Todos eran agentes del organismo represivo. El hecho se denunció como un delito, se abrió un proceso y Manuel Leyton reconoció que el robo correspondía a una operación de la DINA, para obtener repuestos para el auto que pertenecía a un desaparecido.
La DINA rescató a Leyton de manos de Carabineros y lo llevó a uno de sus centros médicos, donde falleció de un paro cardíaco, pese a tener poco más de 20 años. La DINA culpó a Carabineros de haber torturado al agente, pero nunca se comprobó qué sucedió, ni tampoco si se usó algún elemento exógeno en la muerte del uniformado.
Pero el ministro Madrid ha seguido una línea coherente en busca del uso de venenos para eliminar personas y la historia de Leyton tiene similitudes con el caso de la muerte de Frei. Por esta razón, citó a declarar al coronel (R), ex DINA y jefe del mencionado carabinero, Germán Barriga, quien se suicidó recientemente, lanzándose desde el piso 18 de un edificio.
Durante la semana, algunos medios publicaron que Barriga prestaría testimonio ante Madrid, pero en realidad ya lo había hecho. De acuerdo a los antecedentes recabados por LND, Barriga reconoció haber sido el jefe del Leyton y relató cómo funcionaba la estructura de la DINA en aquellos años, aunque manifestó desconocer la forma en que murió el policía y si este había sido envenenado. Sin embargo, habría aportado off the record algunos detalles adicionales al magistrado.
De ahí que para Madrid, la muerte de Barriga fue un balde de agua fría, ya que entrecruzando información encontró una pista que le podría haber causado más de algún dolor de cabeza al ex agente suicida, dijeron fuentes ligadas al proceso. Por esta razón, también entre los círculos de ex agentes de la DINA, se especule que a Barriga lo tenía preocupado el caso Leyton, porque estaba ad portas de tener que asumir la responsabilidad de su muerte.
Pero al magistrado no le satisficieron las declaraciones de Barriga ni de otros ex agentes. Ya tendría decidida la exhumación de Leyton, y sus restos serían auscultados por especialistas.
Para esta diligencia, Madrid se ha contactado con la familia del ex uniformado y, pronto, su sepultura será abierta.
En diciembre de 1981, los miristas Ricardo y Elizardo Aguilera compartían la “carreta” en la Cárcel Pública con quien fuera el jefe de las milicias de resistencia del MIR, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara. Junto a ellos, estaban los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.
Pero una misteriosa enfermedad los afectó a todos. Era el botulismo, provocado por la toxina clostridium botulinum, que en Chile había afectado sólo a una congregación religiosa en los ‘70. Corvalán y Pacheco fallecieron, pero los otros se salvaron gracias a la solidaridad internacional.
Esta historia es públicamente conocida, pero el ministro Madrid auscultó en el otrora Bacteriológico y, siguiendo nombres y tomando declaraciones, logró establecer la existencia del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, cuyo jefe fue el doctor con grado militar, Eduardo Arriagada Rehren, quien llegó a ser el jefe de Sanidad castrense, bajo el mando del general Izurieta, como lo informó LND en su edición del pasado 9 de enero.
Y en el proceso, el ministro Madrid tiene indicios para acreditar que la toxina fue ingresada al penal por una tercera persona, lo que podría constituir una importante prueba de que desde el Ejército se realizó una operación para probar este veneno traído, supuestamente, desde Brasil por el Bacteriológico y entregado al laboratorio de calle Carmen.
La primera prueba la entregó a fojas 552 del proceso la químico farmacéutica con especialidad en alimentos Eliana Marambio Leiva, quien revisó la celda de los internos, los alimentos y conservas con que se habrían intoxicado.
En su declaración, la mujer dijo que, junto a un doctor del Sesma, Horacio Boccardo, realizó un análisis de todos los alimentos que encontraron en la celda, pero dieron resultados negativos.
Pero a poco andar, en foja 224 de la causa, aparece un doctor norteamericano llamado Virgilio Scuttia, quien era el encargado de la OMS en Chile y hombre de confianza del jefe del Bacteriológico, coronel Joaquín Larraín Gana, precisamente el mismo que pidió traer la toxina botulínica a Chile para el laboratorio del Ejército.
Este detalle lo entregó quien fuera el jefe del departamento de liofiliziación del Bacteriológico, Marcos Poduje Frugone, el mismo que retiró el veneno desde la Cancillería, cuando estaba ubicada en La Moneda a mediados de 1981.
“El doctor Virgilio Scuttia podía pasar por encima del conducto regular del cepario, para pedir toxinas botulínicas. Él era un ciudadano norteamericano que trabajaba para la OMS y era de confianza del Larraín”, explicó Poduje.
Pero en otra declaración, del mismo Poduje, ahora a foja 539, dijo que había venido otro cargamento de botulismo a Chile, esta vez del Centre of Disease Control and Prevention (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos. Esta pista aún es investigada por el ministro.
Por esta razón, Madrid decidió pedir la lista de agregados militares en Argentina y Brasil entre 1980 a 1982. Lo que buscaba para satisfacer su sospecha apareció en Buenos Aires.
Se trataba del oficial de Ejército destinado a la embajada chilena, Hugo Salas Wenzel, el mismo que el pasado viernes fue condenado a cadena perpetua por la llamada Operación Albania, en su calidad de jefe de la desaparecida CNI.
Pero había más. La declaración de uno de los presos políticos. Adalberto Muñoz Jara, a fojas 366, relató al magistrado que días antes de la intoxicación un gendarme, llamado Pedro Segura, le dijo: “Oiga, Muñoz. ¡Cámbiese de carreta! Usted no tiene nada de político. No coma con ellos. Más tarde, cuando volví a la cárcel después de haber estado internado en el hospital, Segura había sido trasladado”.
Algo había en el caso de la intoxicación de los presos políticos y comunes que hacía ruido al ministro para la comprensión global del proceso. No tenía sentido que el envenenamiento estuviera dirigido a un lugar donde habían reos comunes. Tampoco contra los hermanos Aguilera ni el ronco Rodríguez.
Madrid entonces siguiendo otras pistas llegó a su última línea de investigación: la muerte del coronel Roger Vergara -quien fuera el jefe de la Escuela de Inteligencia del Ejército- a manos del MIR el 15 de julio de 1980.
El magistrado tiene indicios de que la toxina botulínica iba dirigida a matar al autor material de este crimen, Carlos García Herrera, quien también estaba recluido en la Cárcel Pública en 1981, como confirmó a este diario quien fuera su abogado, Alfonso Insunza.
Hasta ahora, lo que está claro en la investigación por la muerte de Frei Montalva es que la complejidad del caso comenzará a entregar luces una vez que Madrid exhume los restos del ex Mandatario, los del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton y realice con tecnología de punta una nueva autopsia.
También cuando el magistrado envíe un nuevo oficio al Ejército con todas las pruebas que ha reunido sobre el Laboratorio de Guerra Bacteriológica, cuya existencia la institución negó tener conocimiento en respuesta a un requerimiento anterior del juez.
Al término de esta semana, la tanatóloga Carmen Cerda dijo en una entrevista que si la ciencia había podido determinar de qué murió el faraón egipcio Tutankamón, bien podría saberse de qué falleció Eduardo Frei Montalva.
Del blog:
Así como estos la izquierda y sus periodistas han urdido tramas, que rayan en lo diabólico. Son despadiadas historias, que han utilizado para desprestigiar y estigmatizar nuestras FF.AA., y Carabineros. Nada les impide escribir y afirmar lo que se les ocurra pues cuentancon la complicidad de altos magistrados.
Ver blog de Hermógenes Pérez de Arce en relación a esta historia.
Los porfiados hechos, ya no son porfiados
Oportunismo político barato
